El diario EL PAÍS en su edición del domingo 17 de abril, en un reportaje firmado por Beatriz Lucas, da cuenta de la situación del alumnado inmigrante en la Comunidad de Madrid. Según el reportaje, en la Comunidad de Madrid se escolarizan más de 93.000 alumnos y alumnas extranjeros lo que supone un 25% del total de España. De estos alumnos, casi el 70% está en centros públicos mientras el resto se escolariza en centros concertados.
Estas cifras, dadas por buenas por el Consejero de Educación Luis Peral, reflejan el desequilibrio en la escolarización del alumnado inmigrante entre los centros educativos sostenidos con fondos públicos sin que las comisiones de escolarización -organismos que velan por la correcta escolarización y distribución del alumnado- se muestren eficaces en arreglarlo ya que existe, por encima de toda consideración «la libertad de elección de los padres».
Esta doctrina del Partido Popular respecto a la escolarización del alumnado inmigrante -también con los alumnos con necesidades educativas especiales- pone por encima de toda consideración el derecho de las familias a elegir centro, esto es, el desprestigio encubierto de la Escuela Pública que sin los medios adecuados y con un alto porcentaje de alumnado inmigrante o con n.e.e. tiene dificultades para afrontar los retos que supone el trabajo en aulas de alta diversidad.
Porque lo que está detrás de estas cifras son el escaso apoyo recibido por la Consejería de Educación en recursos humanos y materiales para trabajar en estos contextos educativos diversos y relativamente nuevos con un alto porcentaje de inmigrantes, con alumnado con otras n.e.e., en suma, con alumnado que tiene diversas motivaciones, intereses y capacidades. Luego dirán que la Escuela Pública responde mal a los retos educativos actuales, que los resultados del alumnado en evaluaciones externas son bajos, etcétera, sin poner en relación los medios empleados para tal fin y las situaciones socioeducativas que se dan en cada centro. Por su parte, los centros concertados, y no digamos los privados, gozan de una imagen que les configura como centros de enorme prestigio social, en los cuales los alumnos obtienen mejores resultados y reciben una mejor formación. Al desprestigio de lo público se vincula el prestigio de lo privado. Sin comentarios.
Si realmente importara el tema de la inmigración, si realmente quisiéramos que el alumnado inmigrante tuviera la mejor educación junto al resto del alumnado hay que apostar por escolarizarlo en ambas redes, la pública y la concertada, de forma equilibrada y dotar de profesorado especializado y recursos materiales a los centros, disminuir la ratio en las aulas y facilitar la organización de las mismas de manera flexible y adaptada a las necesidades de todos los alumnos, sean inmigrantes o no.
Mientras no sea así, la Escuela Pública seguirá encontrando enormes dificultades para salir con éxito de esta empresa y competirá en desigualdad de condiciones con los centros concertados.
¿A quién beneficia esto?
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